El diario El Comercio nos da una alegría: “Nuevos vientos soplan en la construcción”. ¿Será que por fin se cumplirá derecho a una vivienda digna? ¿Serán los precios asequibles en relación a los salarios de la juventud asturiana? Al seguir leyendo despertamos de esas ensoñaciones: “Durante los años del 'boom' del ladrillo, los empresarios despreciaban las viviendas de protección oficial, porque vender vivienda sin ningún tipo de protección lucraba más. Cada mes subían los precios y, pese a ello, seguían contando con parejas y especuladores dispuestos a comprar. Ahora todo ha cambiado… Para salvar el bache, los constructores han vuelto sus ojos a la vivienda protegida, que da menos beneficios, pero sigue contando con tirón entre los compradores. «Hasta hace un año, todos pasábamos de ella porque el gran negocio estaba en otra parte, pero ahora nos pegamos por desarrollar vivienda pública», admite un promotor. La patronal de la construcción está incluso negociando con el Principado poder subir su precio.”
Nuestro buen amigo Serafín Abilio, presidente de
Es sintomático que en todas las declaraciones en prensa, tanto de constructores como del gobiernín, se hable de “utilizar la vivienda protegida para aliviar la crisis del sector” y que las VPOs deben servir para “cubrir los aumentos de costes y dejar un margen comercial razonable”, pero nadie se acuerda de aquel artículo de la constitución que decía “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación.” Con o sin crisis, en las viviendas del mercado libre o en las VPOs, por lo que respecta a los constructores y a las administraciones, el derecho constitucional a la vivienda está muerto y enterrado. Sólo los ciudadanos (cabreados, organizados y armándola pa q no nos puedan ignorar) podremos resucitarlo.
